¿Has intentado engañar alguna vez a tu aseguradora? ¿Crees que es una buena idea intentar mentir al seguro? Engañar al seguro nunca es una buena idea. Y no solo por cuestiones éticas y morales. Las compañías de seguros invierten cada vez más dinero en prevenir el fraude y gracias a la tecnología y a nuevas técnicas les es más fácil identificar a los defraudadores. Todos los años la organización ICEA (asociación para la investigación cooperativa de entidades aseguradoras) convoca un concurso sobre detección del fraude en el sector asegurador. Y cada año con este curioso concurso se demuestra que mentir al seguro no funciona.
“Este concurso premia la participación de las entidades en la lucha contra el fraude, el mérito de los profesionales intervinientes y los mejores casos presentados a un tribunal integrado por representantes del sector (UNESPA, ICEA y DGSFP) e instituciones relacionadas (Policía Judicial y Asociación de Peritos). Además de premiar a las entidades aseguradoras, se otorgan premios al mérito profesional, reconociendo la labor de tramitadores, verificadores técnicos, peritos, abogados, médicos, detectives y técnicos de investigación.”
En la convocatoria de este año, en el XXIII Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros de ICEA, una de las principales conclusiones ha sido que aumenta el fraude “informal” y que su impacto económico es menor el sector. La concienciación de las entidades aseguradoras, la tecnología y nuevas técnicas juegan en contra de los defraudadores al seguro. Algunas historias premiadas en esta convocatoria:
Un grupo de cuatro amigos va en un coche. El chico quiere impresionar al volante a las tres chicas que le acompañan y conduce de manera temeraria. El turismo colisiona y todos resultan lesionados. Su novia, Silvia (nombre ficticio), es la que está más grave. Sufre traumatismo craneoencefálico severo. Pasa varios días en coma. Cuando sale, sus habilidades cognitivas se han visto afectadas: presenta un coeficiente intelectual límite, muestra dificultades importantes para la comunicación, no sabe manejar el dinero ni ubicar el tiempo… Todos los médicos que valoran el caso pronostican una futura dependencia. No obstante, la gente joven es susceptible de mejorar algo. Pero Silvia no mejora nada y, en una revisión a solas, uno de los médicos nota cambios en su actitud. No se encuentra dirigida en sus respuestas, como cuando va acompañada: reconoce ir a veces sola a rehabilitación, utilizar el transporte público… Investigadas las redes sociales, se confirman las sospechas del médico que la revisó a solas. En sus perfiles en tres redes distintas se ve que hace vida normal: tiene nuevo novio, queda con los amigos, publica fotos con frecuencia, emplea dobles sentidos en su lenguaje… Esta información y el seguimiento posterior de un detective, demuestran que hace vida normal: transita sola por la calle, entra en comercios y paga por sí misma, etc. Las consecuencias reales del accidente, aun existiendo, no han sido tan graves como ella simula. El expediente llega al juzgado. El fiscal, a la vista del informe forense, reclama una indemnización próxima a los 750.000 euros. El abogado de Silvia, va más allá, y pide ante el juez una indemnización de más de 1 millón de euros. Las pruebas que presenta la aseguradora desmontan la tesis de la accidentada, según la cual Silvia depende totalmente de sus familiares. La indemnización final queda en unos 230.000 euros. La sentencia reconoce una incapacidad permanente total. Pero no otorga compensación por ayuda de tercera persona ni por daño moral de los familiares. Tampoco se produce desembolso alguno por gastos ni por intereses.
La aseguradora recibe noticia del fallecimiento de su asegurado en su centro de trabajo y durante su horario laboral. La única información que recibe de la causa de la muerte era que se había caído de una azotea. Se recaba el informe del médico forense que determina que se trata de un suicidio. El juzgado acuerda sobreseimiento del caso, pero la familia del fallecido recurre la resolución solicitando que se tome declaración a los testigos y que se informe de la inspección de trabajo. Aunque la policía tiene claro que fue un suicidio por las manifestaciones que le aportan testigos en relación a que el asegurado había padecido episodios de depresión en el pasado y que se encontraba medicado, la aseguradora realiza sus propios informes con peritos e investigadores que terminarán siendo determinantes para la resolución. No se trató, por lo tanto, de un accidente laboral como confirmó en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Un hombre treintañero suscribió en Navarra una póliza de vida con un capital asegurado de 150.000 euros en caso de muerte. Designaba a su padre como beneficiario. Medio año después, el asegurado fallecía en Colombia. El tramitador del siniestro solicita la documentación oportuna para la gestión del expediente y la familia aporta todo mediante fotocopias autenticadas por notarios del país sudamericano, por el consulado español y por un notario español. Lo que más sorprende al tramitador es la rapidez y facilidad con la que la familia reúne todos los documentos. Sobre todo porque algunos no son los habituales y porque todos ellos venían debidamente certificados. Demasiado perfecto para ser verdad. Surge así la sospecha de que la documentación podría ser falsa y que estaba preparada de antemano. Se contrata entonces a un gabinete de detectives que procede a rastrear el origen y verificar la validez de la documentación. El resultado de las pesquisas apunta a que el asegurado, realmente, no ha fallecido y que los documentos han sido manipulados. El padre del fallecido, finalmente, renuncia a la indemnización. La investigación logró destapar la existencia de una trama organizada que operaba en varios países, que reunía documentación y certificados originales para simular el fallecimiento de personas y reclamar así indemnizaciones por seguros de vida en España.
